Artículo de opinión de Juan Redondo, publicado por el Pueblo de Ceuta el 29/09/14. Desde luego que no comprendo como se puede consentir con la
que esta cayendo, que ciertos políticos locales y nacionales aun estén ocupando
puestos clave de esos en los que se toman decisiones que nos afectan a todos. Por
lo general y como consecuencia de las incoherencias de nuestro sistema
electoral de lista cerrada, la gente suele votar en función de quien sea el que
lidere la candidatura, ya que si a mas de uno se les preguntara por el resto de
nombres que a este le acompañan, salvo honrosas excepciones, no tendría ni pajolera
idea de quien es uno u otro, siendo totalmente ajenos al hecho de que esos
desconocidos son al final los que realmente manejan los hilos y el que hacer con
nuestros impuestos.
Y si no es como digo,
que alguien me explique entonces como se puede estar permitiendo todas las
cacicadas que a nivel político se están sucediendo en esta ciudad un día si y
el otro también. El hecho en sí no deja de ser preocupante, pues según parece
se esta forjando todo un tinglado del cual también participan aquellos que precisamente
habrían de poner coto a los excesos gubernativos, caso este del de la oposición
asamblearia, la cual al parecer está más interesada en potenciar su propio clientelismo
político que en denunciar asuntos tan importantes como, por ejemplo, el de la subida del 10 % al contrato con la
empresa Trace.
Esta claro que aquí el silencio tiene un precio y este no es
otro que el de intentar colocar a personas por el mal llamado sistema de “a dedo”,
trabajadores a la larga estómagos agradecidos, que harán que sus inusitados
benefactores, en caso de elecciones, cuenten con numero ilimitado de
interventores que velen por sus intereses durante todo el proceso electoral, en
sintonía clara con lo que ha venido haciendo el PP durante todos estos años.
El “compadreo” como acto político institucionalizado no
puede traer nada bueno a una sociedad que pretende ser avanzada y justa, con lo
que las prácticas de este tipo, siempre que se tenga conocimiento de ellas,
deben ser denunciadas a la opinión publica por todo aquel que se precie en
llamarse ciudadano. Este sería el caso de lo acontecido con el tema de la contratación
de la empresa encargada de la gestión de la EDAR y la posterior suspensión de
la sanción a una de las concurrentes, de nombre INTERVIAS, sin mediar
explicación que pudiera ser calificada como de mínimamente convincente, máxime
cuando se esta hablando de mucho dinero público - la cifra rondaría los 695.000
euros - y de que la empresa, ahora “ex-sancionada”, pertenecía al mismo grupo empresarial
que a la que le han concedido la contrata.
Veamos, como argumento del chanchullo cabe exponer algunos
de los elementos referidos en el decreto generado a tal efecto por la Consejería
otorgante, y de cuya lectura se
desprende que en su momento la empresa municipal ACEMSA - a través de una
encomienda de gestión por parte de la Ciudad- procedió a tramitar expediente
para la contratación de los “servicios de operación y mantenimiento de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de la Ciudad autónoma de Ceuta”, para tal fin -y según reza el
documento- se constituyó una mesa de contratación que se reuniría a mediados de
enero para dar cuenta de la presentación de un total de once ofertas, entre
ellas la presentada por la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. determinándose
a primeros de febrero y tras diversas sesiones, que la citada empresa obtenía
el primer puesto con un total de 99 puntos, derivados de la puntuación obtenida
en la fase técnica (29) más 70 puntos de su propuesta económica, la cual ascendía
exactamente a 7.001.999,94 EUROS.
No obstante, y como también se aprecia en el decreto, en
base a lo dispuesto por la normativa que regía en el proceso, el órgano contratante
consideró que la propuesta económica de INTERVIAS CONSTRUCCIONES S. L. podría ser “anormal o desproporcionada”,
conminando a la empresa para que en plazo procediera a dar justificación de la
misma, hecho que tuvo como resultado, en resumidas cuentas, la retirada de la
empresa y el inicio de expediente sancionador por tal motivo.
Hasta aquí todo aparentemente normal, el problema surge
cuando es precisamente la empresa denominada
UTE JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, la que una vez
concluido el baremo aparece ubicada en segunda posición, con una oferta de
7.695.599. 88 euros y una diferencia con respecto a la anterior de 693.599,90
euros, curiosamente cantidad similar a la de la sanción anulada, dándose el caso y como así se aprecia en la
documentación administrativa presentada por ambas empresas, que tanto la
primera como la segunda “forman parte del mismo grupo empresarial”.
La cuestión desde luego que tiene enjundia, con lo que
parece incomprensible y a la luz de estos datos, que no haya salido la oposición
sita en la Asamblea para pedir las pertinentes explicaciones al Gobierno y al consejero
responsable del ramo, a excepción quizá de lo manifestado por la diputada no adscrita,
hecho este que lo único que le ha acarreado a la susodicha es que precisamente
esa parte de la oposición a la que hasta no hace mucho pertenecía, se le eche
encima argumentando que sus objeciones obedecen mas a asuntos personales que a
los estrictamente políticos.
Visto lo visto, se pueden hacer una idea de lo que realmente
se esta cocinando entre bambalinas y a lo que el ciudadano de a pie por lo
general permanece ajeno. Esta claro que el silencio de muchos es aprovechado
sin el mayor de los escrúpulos por unos pocos, ese es uno de los infinitos
males que nos aquejan, el clientelismo como mordaza de todo un pueblo no puede,
no debe ser la forma en la que se dirimen las relaciones políticas y sociales
de nuestro tiempo, los ciudadanos tienen que ser conscientes que esa forma de
complicidad interesada nos ha lastrado en el pasado, boicotea nuestro presente
e inexorablemente esta hipotecando nuestro futuro.
Quizá sea ya hora de romper con esa formula interesadamente
impuesta por la casta dominante y basada en el estímulo del puro interés
particular en detrimento del bien común, para avanzar en la búsqueda de
aquellas alternativas que posibiliten que los ciudadanos obtengan de manera
justa lo que por derecho les pertenece, sin que por ello tengan que deberle
absolutamente nada a nadie y mucho menos a una casta política que lo único que
ha hecho y viene haciendo es mercadear en su beneficio con lo que es de todos.
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